La Iglesia pide que se abrogue el Código del Sistema Penal y se inicie un debate
La Secretaría General de la Conferencia Episcopal Boliviana preocupada ente los conflictos sociales que se viven en el país, mediante un comunicado que se denomina “Leyes justas al servicio del bien común”, instó al Gobierno abrogar el Código del Sistema Penal e iniciar un debate amplio, franco y transparente.
“Esas imposiciones unilaterales amenazan la convivencia pacífica, por eso pedimos que en el espíritu de verdadera democracia participativa y en consideración de la gran importancia que reviste el Código del Sistema Penal, se tenga la sabiduría de abrogarlo y se inicie un debate amplio, franco y transparente con todos los sectores involucrados, sin caer una vez más en la acostumbrada y fácil acusación de tramas de conspiración y desestabilización contra el Gobierno”, dice parte del documento.
La iglesia también indica que no contribuye a la paz social el hecho que el sistema jurídico del país se vaya construyendo sin tener en cuenta la voluntad popular, con leyes aprobadas prescindiendo del indispensable debate de la sociedad. “Las leyes deben ser acatadas por todos, por lo que es imprescindible que sean también debatidas amplia y libremente en la sociedad boliviana y en la Asamblea Legislativa Plurinacional”.
También se identificó una lista de artículos cuestionables que incluso podría ser más. Estos ejemplos citados sirven para calificar al código “como un código hecho a la medida de los intereses del poder y no de los del pueblo”, pues atenta contra derechos humanos y ciudadanos fundamentales, además se indica que dicha norma “es pretendidamente ambiguo en la formulación con lo que crea inseguridad jurídica y significa un retroceso de los valores democráticos conquistados por la sociedad boliviana”.
Estos los artículos cuestionados y algunas precisiones:
– El artículo 205, que criminaliza la negligencia y la praxis profesional y ha provocado las medidas de protesta del personal de salud y otros sectores, no es sino uno de los aspectos, aunque no poco importante.
– El artículo 137 sanciona hasta a los administradores de una empresa que causó una muerte con un medio de transporte y es la causa de la protesta de los transportistas del país.
– Se criminaliza también el derecho a la protesta, en los artículos 209, 293 y 294.
– Deja sin protección la familia, ya que se anulan los delitos de bigamia y el abandono a la mujer embarazada.
– El artículo 107 despenaliza el microtráfico de droga.
– Pone en entredicho la libertad de expresión y de pensamiento en los artículos 21 y el 106.
– Introduce un control inaceptable de las redes sociales, en los artículos 245 y 246.
– Implementa el delito del reclutamiento con fines religiosos realizado por instancias religiosas, cuya ambigüedad manifiesta atenta claramente contra la libertad religiosa en el artículo 88.I.11
– Las disposiciones transitorias y finales del Código derogan artículos de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, de la Ley electoral y de la Ley de Medio Ambiente referentes a las ganancias ilícitas, el daño lesivo al Estado, delitos electorales y ambientales, que si bien quedan recogidas en el Código, lo hacen atenuándolas y crean sospechas de encubrimiento de conductas corruptas.
– Atenta contra derechos humanos básicos, como el conocido artículo 157 que plantea la exclusión del delito del aborto en causales tan genéricas, que su punibilidad desaparece y fue aprobado en total desconocimiento de las miles de firmas entregadas a la Asamblea Legislativa Plurinacional y de las numerosas manifestaciones a favor del derecho a la vida en distintas ciudades del país.
LA PAZ/Fides
GMR-JCB
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